Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados en casos vinculados a la cobertura de las prestaciones necesarias para personas con discapacidad nos han motivado a tratar de analizar la realidad argentina en esta materia frente al hecho concreto de que seguramente, en breve plazo, ha de incorporarse a la legislación interna y con rango constitucional la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas el 13/12/2006, suscripta junto con su Protocolo Facultativo por la Argentina el 30/3/2007 y actualmente siguiendo el procedimiento legislativo de ratificación, y que todo ello pondrá en evidencia la deuda de los poderes públicos en dar, de una vez por todas, coherencia, certeza y proactividad a las políticas públicas hacia el colectivo de la discapacidad y un marco jurídico adecuado que las haga accesibles al público y garantice su eficiente cumplimiento…

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